El análisis revela que 23 de los 34 países (68 %) de América Latina y el Caribe cuentan con alguna legislación nacional específica sobre plásticos, lo que representa un progreso significativo, especialmente considerando que la mayoría de estas leyes se han promulgado en la última década. Sin embargo, es imperativo que los esfuerzos se centren ahora en la implementación efectiva de estas regulaciones.
La subregión del Caribe destaca por su cobertura legislativa del 100%, lo que demuestra un compromiso regional más uniforme con la regulación de los plásticos. Sin embargo, a pesar de que países como Jamaica y Barbados han propuesto sistemas de implementación gradual con supervisión, lo cierto es que aún queda mucho por hacer en materia de implementación en la región.
Por otro lado, Centroamérica y México presentan el menor progreso, con solo el 38 % de los países implementando legislación nacional, a pesar de ejemplos notables como Costa Rica y Panamá. Sudamérica muestra un progreso moderado, con el 50 % de los países contando con leyes nacionales; Brasil y Argentina, por ejemplo, han logrado avances significativos a nivel municipal o estatal, aunque con marcos nacionales aún limitados.
Felipe Torres, doctor en prevención de residuos e investigador de la Universidad de São Paulo, quien también es asesor de proyectos para GAIA y BFFP, destaca que «la crisis del plástico es un desafío global que requiere marcos regulatorios sólidos y específicos. Este trabajo reúne los esfuerzos realizados en América Latina y el Caribe para abordar esta crisis. Sin embargo, la aprobación de leyes nacionales es solo el primer paso: es fundamental implementarlas, hacerlas cumplir y ajustarlas para garantizar su eficacia, convirtiendo así la transición hacia sistemas de producción más sostenibles en una realidad tangible».
El Tratado Mundial sobre Plásticos se presenta como una “oportunidad histórica” para catalizar y armonizar políticas, proporcionando un marco común que promueva la convergencia regulatoria y facilite el intercambio de mejores prácticas entre países líderes, como los del Caribe, y aquellos con marcos menos desarrollados.
Alberto Quesada, consultor de políticas públicas en Costa Rica, señala que «la sociedad civil tiene un papel fundamental y necesario que desempeñar en el acompañamiento de los procesos de implementación». En este sentido, enfatiza que «los primeros en hacer cumplir la ley son los ciudadanos». Explica que «quienes actúan como consumidores a diario tienen una gran oportunidad para ser el barómetro o la principal fuente de información para saber si estas regulaciones se están aplicando de manera efectiva. Por supuesto, los estados también deben contar con mecanismos para que los ciudadanos puedan reportar, denunciar o solicitar información».
Asimismo, Tatiana Bastos, del Instituto de Direito Coletivo Brasil, añade que “también es función de la sociedad civil monitorear con las herramientas a su alcance, incluida la judicialización. Existen leyes y reglamentos que podemos llevar ante los tribunales para que sean efectivos. Yo utilizaría esta herramienta para exigir justicia en materia de normas vigentes”. Además, enfatiza que “debemos priorizar la disponibilidad de datos para la sociedad civil. Necesitamos datos de calidad disponibles para utilizarlos en nuestras demandas”.
Alejandra Parra, de Alianza Basura Cero de Chile y RADA Chile, también destaca que “el trabajo de las organizaciones es la solución a muchos de los problemas” y asegura que “la sociedad en su conjunto es capaz de influir en el trabajo legislativo”.
A pesar de los avances, la región enfrenta desafíos estructurales comunes que dificultan la implementación efectiva. Algunos países, como Ecuador, reportan una implementación limitada a pesar de contar con marcos legales sólidos. La influencia de las grandes corporaciones multinacionales también juega un papel crucial, priorizando con frecuencia sus intereses económicos sobre la implementación de las estrategias nacionales. Muchos países tienen dificultades para identificar alternativas viables.
El informe concluye que la próxima década será crucial para consolidar estos marcos regulatorios, mejorar su aplicación efectiva y avanzar hacia una mayor armonización regional.
